Mediante el Comunicado 001 de la Presidencia de la República, la administración del presidente Abelardo De La Espriella emitió su primera decisión formal de gobierno al ordenar el traslado de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil a centros penitenciarios de máxima seguridad. Los reclusos, varios de los cuales ejercían como voceros en mesas de negociación de paz regional, fueron reubicados en establecimientos de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne bajo la instrucción directa del Ejecutivo y la ejecución del Inpec.
El operativo tuvo su mayor impacto en el departamento de Antioquia, donde se ejecutó el traslado de 103 cabecillas que permanecían en la cárcel La Paz de Itagüí como parte del proceso de Paz Urbana adelantado durante la administración anterior. Entre los internos reubicados figuran reconocidos jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá como alias “Carlos Pesebre”, “Douglas” y “El Indio”. La medida busca desarticular los centros de mando que estos grupos mantenían dentro de los penales y reforzar el control institucional.
La determinación presidencial recibió el respaldo inmediato de mandatarios locales y departamentales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la notificación oficial del operativo, mientras que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión señalando que los jefes de organizaciones delictivas no deben contar con condiciones especiales de reclusión. A través del comunicado oficial, el Gobierno ratificó que ejercerá la autoridad penitenciaria sin concesiones para evitar la comisión de delitos desde los penales.
Por su parte, la delegación de la mesa de Paz Urbana que venía trabajando con las estructuras de Medellín desde 2023 manifestó su preocupación por el futuro de los acercamientos. En comunicados recientes, los integrantes de la mesa hicieron un llamado a no perder los avances logrados en materia de reconocimiento de víctimas y metodologías de trabajo. Aunque la delegación había expresado en junio su disposición de realizar un empalme formal con el nuevo Gobierno, la reubicación de los voceros deja en incertidumbre la continuidad de dicho espacio de conversación.
La reubicación de los procesados ratifica la ruptura definitiva del nuevo Ejecutivo con la política de Paz Total del gobierno saliente. Durante su discurso de posesión del pasado 7 de agosto, el presidente De La Espriella afirmó que las opciones de diálogo se encuentran agotadas, reiterando su compromiso de campaña de implementar una estrategia de seguridad basada en el restablecimiento del orden y la autoridad legítima en el territorio nacional.
Como parte del giro en la política de defensa y justicia, el mandatario anunció la publicación de una lista oficial de grupos narcoterroristas y la puesta en marcha de un plan para la construcción de megacárceles en el país. Con estas medidas, el Gobierno entrante busca incrementar la capacidad carcelaria, endurecer las condiciones de reclusión para la delincuencia organizada y enviar un mensaje de control sobre los centros penitenciarios de Colombia.
