El anuncio de las primeras líneas de acción del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya desató una intensa batalla política en el país. El recién designado ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, confirmó que la nueva administración buscará derogar varios decretos clave de la política de ‘Paz Total’, incluyendo el decreto 003, lo que significaría el desmonte de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para revivir plenamente al polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Según Mora, el objetivo principal es “devolverle las capacidades a la fuerza pública” y recuperar el control territorial que, a su juicio, se ha perdido.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, lanzó una durísima crítica a través de sus redes sociales, asegurando que este anuncio es una muestra clara de la “inclinación por la violencia estatal y política contra el pueblo colombiano” por parte del nuevo ejecutivo. Carrascal defendió a capa y espada la transformación institucional hecha durante el gobierno de Gustavo Petro, argumentando que priorizar el diálogo y dar órdenes claras de respeto a los ciudadanos “salvó vidas y fortaleció el Estado de derecho”. Para respaldar su postura, la congresista citó cifras de la ONG Temblores, señalando que bajo el enfoque saliente las intervenciones violentas en protestas cayeron un 68% en comparación con la era de Iván Duque.
Por su parte, el general Mora intentó calmar las aguas y enviar un mensaje de tranquilidad a los sectores jóvenes que temen un endurecimiento de la represión. El futuro ministro fue enfático en diferenciar la protesta social pacífica —la cual, afirmó, es un derecho constitucional que se debe permitir— de las manifestaciones violentas, advirtiendo que estas últimas sí serán enfrentadas con toda la contundencia de la ley. “Aquí no va a haber represión”, aseguró Mora, señalando que el uso de la fuerza siempre se mantendrá bajo los límites del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que las acusaciones en su contra son solo “excusas de los enemigos de la autoridad y el orden”.
Sin embargo, para Carrascal el panorama pinta oscuro. La parlamentaria alertó que el regreso de lo que denominó la “ultraderecha al poder” se convertirá en una amenaza directa para las libertades constitucionales y la vida misma, insistiendo en que blindar el derecho a la movilización social es un pilar que la democracia colombiana no puede darse el lujo de perder. Con las cartas sobre la mesa, queda claro que el manejo del orden público y la protesta será el primer gran cuadrilátero de disputa entre el gobierno de De la Espriella y la bancada de izquierda.
