La Fiscalía General de la Nación ha puesto al descubierto un complejo esquema criminal que salpica a las cabezas de la reconocida cadena Lili Pink. Según el ente acusador, Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi liderarían una red transnacional de lavado de activos y contrabando con conexiones en Panamá y Bahamas. El megaoperativo, que incluyó nueve órdenes de captura y la ocupación de 440 bienes, busca desmantelar una estructura que habría utilizado la fachada de la moda para ocultar el origen de fortunas ilícitas.
La investigación revela que el crecimiento exponencial de la marca desde 2014 no fue solo fruto del éxito comercial. La Fiscalía identificó transacciones por $760.000 millones realizadas a través de empresas de papel y representantes legales ficticios. Entre los hallazgos más sorprendentes figura el uso de empleados, como conductores y tesoreros, para figurar como dueños de proveedoras que, al ser verificadas físicamente, resultaron ser lotes baldíos o direcciones inexistentes.
El expediente detalla que el grupo utilizaba firmas como Pink Life S.A.S. y Fast Moda S.A.S. para simular legalidad mediante facturas falsas. Un ejemplo del modus operandi era el ingreso de mercancía de procedencia china que era reetiquetada como “Hecha en Colombia”. Estas maniobras habrían permitido un incremento patrimonial injustificado de $434.000 millones, mientras se canalizaban fondos hacia sociedades en el exterior controladas por allegados a los Abadi.
A pesar de la contundencia de las pruebas —que incluyen interceptaciones telefónicas y rastreos bancarios internacionales—, la defensa de los empresarios, liderada por el abogado Iván Cancino, sostiene que sus clientes comparecerán ante la justicia de forma virtual. La defensa cuestiona la legalidad de los operativos y asegura que se están afectando locales de franquiciados que no tienen relación con el entramado ilícito, valorando la mercancía decomisada en más de $54.000 millones.
Por ahora, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha tomado el control de la administración de la empresa, enfrentando incluso resistencia interna, pues se hallaron instrucciones para que los empleados siguieran rindiendo cuentas a los dueños originales y no al gerente designado. Este caso se perfila como uno de los escándalos financieros más voluminosos del sector retail en el país, poniendo en jaque a una marca que llegó a estar entre las 600 empresas más grandes de Colombia.
