El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sanción fiscal de más de 40.500 millones de pesos que la Contraloría de Bogotá había impuesto al presidente Gustavo Petro por el modelo de recolección de basuras implementado durante su administración como alcalde de la capital.
La Sala Primera, Subsección B, del alto tribunal determinó que la sanción violó el debido proceso y aplicó de manera indebida la Ley 678 de 2001, al considerar presunciones de culpa basadas en una norma que no correspondía al juicio fiscal. En consecuencia, la responsabilidad fiscal queda sin efectos y el mandatario no deberá pagar la millonaria sanción.
El fallo señaló que los actos sancionatorios se emitieron en “manifiesta oposición a la Constitución o la ley” y que el órgano de control distrital desconoció el principio de legalidad. Asimismo, recordó que ya existía un precedente jurídico que ratificaba la improcedencia de aplicar esa ley en procesos fiscales, pues su ámbito se restringe a la acción de repetición.
El Tribunal ordenó culminar el proceso, revocar los actos que declaraban responsable fiscal al entonces alcalde y cerrar el cobro coactivo. La Contraloría de Bogotá deberá expedir, en un plazo de 30 días, el acto administrativo que formalice la decisión una vez quede ejecutoriado el fallo.
