En lo que diversos sectores sociales y analistas han calificado como un grave viraje conservador y una amenaza de retroceso institucional en materia de libertades fundamentales, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó formalmente desmontar la Resolución Conjunta 1350 de 2026. La normativa, concertada por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas al cierre de la administración saliente, trazaba la hoja de ruta para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas del país durante la próxima década (2026-2035).
A través de una misiva dirigida a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Hoyos cuestionó los lineamientos pedagógicos bajo el argumento de presuntas vulneraciones a la autonomía escolar y la patria potestad. No obstante, la postura de la jefa de la cartera de Educación plantea la suspensión de decisiones administrativas, presupuestales y curriculares clave, congelando de facto los avances en la prevención de violencias de género, embarazos adolescentes y desinformación en las aulas.
Este desmantelamiento interno de la política educativa no es un hecho aislado, sino que responde a una drástica reorientación de la política exterior colombiana bajo el actual Gobierno. En escenarios internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la representación diplomática del país ha marcado distancia de términos multilaterales como “salud y derechos sexuales y reproductivos”, se abstuvo de respaldar enmiendas clave en la materia, modificó la interpretación de la “perspectiva de género” en el Estatuto de Roma y retiró a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), una red global de 44 países enfocada en la protección de la población LGBTIQ+.
Expertos en derechos humanos y académicos advierten que despojar al sistema educativo de estas herramientas pedagógicas expone a la niñez y juventud a mayores vulnerabilidades. Reducir la educación sexual a un debate dogmático sobre “ideología de género” no solo desacata consensos internacionales que reconocen estos derechos como inherentes a la dignidad humana, sino que deja el terreno libre a dinámicas de control y violencia moral en los territorios más golpeados por el conflicto y la exclusión.
