A un mes de asumir la presidencia de Colombia, el mandatario electo Abelardo de la Espriella sacudió el panorama político al anunciar que su primer acto de gobierno será la firma de un decreto para crear el “Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana”. La medida, según explicó a través de su cuenta de X (Twitter), buscará enfrentar de manera inmediata delitos de alto impacto como la extorsión, el atraco y el homicidio en las principales capitales del país.
Este decreto forma parte de un agresivo paquete de 90 actos administrativos que el nuevo jefe de Estado planea implementar mediante el uso de facultades ejecutivas en sus primeros días de mandato. “Estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”, afirmó el presidente electo, abriendo la puerta a una estrategia conjunta con los mandatarios locales.
Alineación regional y fuertes críticas del gobierno saliente
El anuncio fue recibido con entusiasmo en el Caribe. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, uno de los aliados clave de De la Espriella desde la campaña, celebró la iniciativa: “Recibimos esta noticia con beneplácito y esperanza. Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia”, aseguró.
Sin embargo, desde el gobierno saliente las alarmas se encendieron de inmediato. Altos funcionarios compararon la propuesta con las polémicas cooperativas de seguridad privada de los años noventa. El ministro de Minas, Edwin Palma, lanzó una dura advertencia en redes sociales: “Ya esto está inventado y se llamó ‘Convivir’ y el país sabe en qué desencadenó. Ahora se llamará ‘Bloque’, como se llamaron las estructuras paramilitares”.
En una línea similar, el ministro de Educación, Daniel Rojas, calificó la propuesta como un incentivo al paramilitarismo estatal, vaticinando un retroceso en los derechos humanos.
La creación de este bloque revive el debate sobre las banderas de campaña de De la Espriella, quien previamente propuso una “primera línea de seguridad” integrada por veteranos y reservistas de la Fuerza Pública para combatir el hurto callejero, una estrategia que promete una transformación radical en el manejo de la seguridad ciudadana a partir del próximo 7 de agosto.
