A través de la Resolución 03226 del 13 de octubre, la Policía Nacional oficializó la reestructuración de su fuerza pública de control de movilizaciones con la creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) y el retorno formal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La medida deroga la Resolución 03684 de noviembre de 2022 que había rebautizado a esta fuerza como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) durante la administración anterior, marcando un giro directo en la doctrina del manejo del orden público por parte del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La nueva estructura orgánica (Unadi) estará integrada por el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad), el Grupo de Seguimiento Operacional (Gusop), las Regionales Antidisturbios (Radis) y los tradicionales escuadrones del Esmad, otorgándole a la institución un plazo de 90 días para completar su transición operativa. Con esta resolución, el cuerpo especializado retoma sus atribuciones enfocadas en atender, disuadir y contener actos violentos o delictivos derivados de aglomeraciones en espacios públicos y privados a nivel nacional.
El retorno de la denominación y la doctrina del Esmad reabrió el debate político en el país debido a los antecedentes de la unidad, cuestionada severamente en el pasado por denuncias de uso desmedido de la fuerza y hechos fatales en manifestaciones ciudadanas, como la muerte del joven Dilan Cruz. Frente a estos reparos formulados por la oposición y diversas ONG de derechos humanos, la normativa establece formalmente que la fuerza deberá ceñirse a los convenios internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza e incorporar labores de mediación para el desescalamiento de conflictos.
La reactivación del escuadrón se suma a los recientes decretos expedidos por el Ejecutivo para regular la movilidad durante las movilizaciones y fue puesta a prueba durante las jornadas del miércoles 14 de octubre, en las que participaron cerca de 62.000 personas. Mientras aliados del oficialismo promovieron campañas de respaldo a la medida bajo la premisa de “restablecer el orden”, organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen un estricto seguimiento sobre el alcance del nuevo articulado en el territorio nacional.
