Durante su primera alocución oficial realizada en el Cantón Militar Pichincha de Cali, el recién posesionado presidente Abelardo De La Espriella anunció un giro radical en la política energética del país con la meta de recuperar la solidez de Ecopetrol. Ante las tropas e invitados especiales, el jefe de Estado sostuvo que la principal empresa estatal sufrió un deterioro significativo en el cuatrienio anterior y fijó el restablecimiento de la autosuficiencia hidrocarburífera como uno de los pilares centrales de su gestión.
El mandatario cuestionó la estrategia de transición energética implementada por la administración del expresidente Gustavo Petro, señalando que la suspensión de nuevos contratos de exploración afectó las finanzas públicas y el patrimonio de miles de accionistas. De La Espriella argumentó que estas decisiones impactaron las utilidades de Ecopetrol, las cuales descendieron desde los $32 billones reportados en 2022 a $9 billones al cierre de 2025, motivo por el cual calificó como una urgencia nacional el rescate financiero e operativo de la compañía.
Frente a este diagnóstico, el nuevo Gobierno confirmó que revertirá las restricciones del cuatrienio pasado e impulsará una política activa de exploración y producción de petróleo y gas. Entre las decisiones más relevantes, el presidente anunció que se autorizará el desarrollo del fracturamiento hidráulico (fracking), asegurando que la técnica se ejecutará bajo “los más altos estándares técnicos y ambientales” de manera responsable y sostenible para incrementar las reservas estratégicas del país.
El anuncio del uso de yacimientos no convencionales reabre el debate con sectores ambientalistas debido a las advertencias sobre sus eventuales impactos en los ecosistemas. Diversas organizaciones especializadas, como WWF Colombia, han señalado que el fracking exige un consumo intensivo de agua —estimado entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos por pozo— y genera riesgos de contaminación de acuíferos subterráneos que abastecen de agua potable a las poblaciones cercanas a las zonas de perforación.
Frente a estos reparos, De La Espriella manifestó que la reactivación del sector energético es una medida clave para generar ingresos fiscales, dinamizar la economía y evitar un empobrecimiento sistemático de la ciudadanía. El jefe de Estado aclaró que su administración no descarta la migración hacia energías renovables, pero enfatizó que la transición debe realizarse “desde la fortaleza” y sin poner en riesgo la soberanía energética ni la estabilidad financiera del Estado.
Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso de atraer nuevamente la inversión extranjera al sector extractivo y devolverle la estabilidad a Ecopetrol durante el periodo 2026-2030. Con el reinicio de las actividades de exploración y el aval al fracking, el nuevo Gobierno busca asegurar el abastecimiento interno de combustibles y garantizar los recursos económicos necesarios para financiar la agenda social de los próximos años.
