El presidente Gustavo Petro confirmó que él, su esposa Verónica Alcocer y sus hijos fueron incluidos por Estados Unidos en la Lista Clinton, una medida de sanción financiera sin precedentes para un mandatario en ejercicio en América Latina. La decisión, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), desató una nueva crisis diplomática con Washington.
A través de su cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro informó que él, su esposa Verónica Alcocer y sus hijos fueron incluidos en la Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En el mismo mensaje, Petro anunció que su defensa será asumida por el abogado estadounidense Dany Kovalik.
La inclusión fue oficializada este viernes 24 de octubre y también involucra al ministro del Interior, Armando Benedetti. ‘La amenaza de Bernie Moreno se cumplió’, escribió Petro, en referencia al senador republicano que había anticipado la sanción. ‘Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas’, añadió.
La Lista Clinton, oficialmente llamada Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) fue creada en 1995 durante la administración de Bill Clinton. Su objetivo inicial era combatir el narcotráfico internacional, aunque su alcance se ha ampliado a sanciones por corrupción, lavado de activos y terrorismo.
Estar incluido implica congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, restricciones financieras globales y prohibición de realizar transacciones con entidades de ese país. En Colombia, esta medida ha tenido consecuencias severas incluso para empresas o personas sin condenas judiciales.
Analistas advierten que la inclusión del presidente Petro y parte de su gabinete representa un hecho sin precedentes y podría alterar la cooperación bilateral con Estados Unidos en temas como seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico.
Desde el gobierno colombiano, la sanción se interpreta como una acción política que desconoce los esfuerzos del país en la lucha contra las drogas y la defensa de un enfoque alternativo basado en la prevención y el desarrollo rural.
