El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional rastrear e incautar medicamentos que, según denunció, estarían siendo acaparados por empresas prestadoras de salud (EPS) en distintas regiones del país. El anuncio lo realizó durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, llevada a cabo en la Escuela General Santander, en Bogotá.
Durante su intervención, el jefe de Estado afirmó que el Gobierno Nacional ya ha pagado medicamentos que no están llegando a los pacientes, situación que atribuyó a prácticas irregulares como el almacenamiento injustificado, la reventa a precios elevados o el desvío hacia mercados ilegales. Por ello, instruyó a la Policía a apoyar la identificación de estos casos y ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes.
Petro subrayó que la labor de la Fuerza Pública debe estar articulada con la defensa del derecho fundamental a la salud, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Señaló que ningún ciudadano debería verse obligado a suplicar por medicamentos que ya han sido adquiridos con recursos públicos y que son esenciales para tratamientos urgentes.
En su discurso, el mandatario también cuestionó a sectores empresariales y gremiales por exigir mayores recursos del Estado, particularmente en el sistema de salud, mientras proponen incrementos moderados al salario mínimo. Según Petro, existe una contradicción entre las altas rentas solicitadas por algunos actores privados y la falta de garantías reales para los trabajadores y los pacientes.
En otro apartado de su intervención, el presidente reiteró que la seguridad no debe medirse por el número de muertes, sino por las vidas salvadas. En ese sentido, planteó que los ascensos dentro de la Fuerza Pública deberían evaluarse con base en la reducción de homicidios y la protección efectiva de la ciudadanía en los territorios.
El anuncio se dio en el marco del ascenso de 97 mayores al grado de teniente coronel y de 208 capitanes a mayores. Allí, Petro destacó la disminución histórica de la tasa de homicidios en el país, pero insistió en que el objetivo del Estado debe ser consolidar una política de seguridad centrada en la vida, el bienestar y el acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud.
