El paro campesino en el departamento de Santander continúa generando afectaciones en la movilidad y la economía regional, pese a los intentos recientes de llegar a acuerdos entre manifestantes y autoridades.
Las protestas, que ya completan varios días, tienen como principal origen el rechazo al aumento del impuesto predial tras la actualización catastral impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Campesinos aseguran que los incrementos en los avalúos han sido desproporcionados, en algunos casos superiores al 300 % o incluso más, lo que ha derivado en cobros que consideran impagables.
Uno de los puntos más críticos sigue siendo el municipio de Lebrija, donde se mantienen bloqueos en vías clave que conectan a Bucaramanga con el aeropuerto Palonegro y con el Magdalena Medio. Aunque inicialmente se anunció un acuerdo para levantar las protestas, este no se sostuvo, ya que varios grupos de manifestantes señalaron no sentirse representados por lo pactado y decidieron continuar con los cierres.
Actualmente, el paso en algunos corredores es intermitente o restringido, y los manifestantes han condicionado el levantamiento definitivo del paro a los resultados de las negociaciones que se adelantan con el Gobierno Nacional en Bogotá.
El impacto económico ya es considerable. Gremios han advertido pérdidas que superan los 120 mil millones de pesos diarios en el departamento, afectando sectores como el comercio, el transporte y el turismo. Además, se han reportado cancelaciones de vuelos, dificultades en el abastecimiento de alimentos y riesgos para la producción agropecuaria.
Frente a la situación, autoridades locales han pedido soluciones urgentes y han insistido en la necesidad de restablecer la movilidad, mientras que el Gobierno Nacional ha defendido la actualización catastral como una medida necesaria, aunque reconoce la necesidad de ajustes para evitar impactos en la población más vulnerable.
Por ahora, el panorama sigue siendo incierto. Aunque el diálogo continúa, los bloqueos persisten y la solución dependerá de que se logren acuerdos concretos que respondan a las exigencias de los campesinos y permitan normalizar la situación en Santander.
