En un contundente golpe contra las economías ilícitas y las estructuras de finanzas criminales, unidades de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ejecutaron la ocupación y aplicación de medidas cautelares sobre 38 bienes inmuebles señalados de estar vinculados a una presunta red transnacional de lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.
El operativo simultáneo, adelantado en Bogotá y varios municipios del departamento de Cundinamarca, afectó una serie de propiedades urbanas y rurales cuyo avalúo supera los $379.000 millones. Entre los predios intervenidos con medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo se destacan locales comerciales donde funcionaban establecimientos de las reconocidas marcas de moda Koaj y Lili Pink, los cuales habrían sido instrumentalizados o tomados por la organización criminal bajo investigación.
Según el balance entregado por el brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décima Tercera Brigada, 21 de los inmuebles ocupados se ubican en la capital del país, principalmente en sectores estratégicos como Unicentro y Toberín, donde operaban los locales comerciales. Los 17 predios restantes corresponden a fincas y lotes rurales situados en los municipios cundinamarqueses de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera.
De acuerdo con las hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, el entramado financiero bajo la lupa de la justicia habría articulado operaciones de lavado de dinero que ascienden a más de $730.000 millones, un presunto enriquecimiento ilícito superior a los $430.000 millones y maniobras de contrabando calculadas en más de $75.000 millones.
Las medidas cautelares aplicadas impiden que los inmuebles sean vendidos, traspasados o enajenados mientras avanza el proceso penal y de extinción de dominio. Los bienes quedaron bajo la administración temporal de la SAE. Durante el desarrollo de la etapa judicial, los propietarios y representantes legales afectados tendrán la oportunidad procesal de ejercer su derecho a la defensa y controvertir las pruebas presentadas por el ente investigador, el cual deberá demostrar en estrados el origen ilícito o la destinación criminal de cada uno de los predios.
