Las plenarias del Congreso de la República aprobaron la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una modificación que redefine el modelo de financiación de las instituciones de educación superior públicas en Colombia. Con este aval legislativo, el proyecto queda a la espera de la sanción presidencial para convertirse en ley.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, introduce un cambio estructural en la forma como la Nación transfiere recursos a universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas. A partir de la reforma, los aportes dejarán de actualizarse únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se ajustarán según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE.
De acuerdo con el Gobierno, este nuevo criterio refleja de manera más precisa los costos reales del sistema, como docencia, investigación, infraestructura y servicios académicos. Durante décadas, las instituciones advirtieron que el modelo anterior no respondía al crecimiento de la matrícula ni a las exigencias de calidad, lo que generó una presión financiera sostenida.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó que la aprobación de la reforma responde a una demanda histórica del movimiento estudiantil y de la comunidad académica. Según el funcionario, este cambio busca garantizar mayor estabilidad presupuestal y permitir una planeación de mediano y largo plazo para las instituciones públicas.
El presidente Gustavo Petro celebró la decisión del Congreso y señaló que el fortalecimiento financiero de la educación superior ha sido una prioridad de su gobierno. Entre 2022 y 2025, el presupuesto destinado a las instituciones públicas pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones, incluyendo recursos para gratuidad, y para 2026 la proyección supera los 13 billones de pesos.
Con la entrada en vigencia de la reforma, el Ministerio de Educación estima que en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales. Estos recursos se destinarán a ampliar cobertura, mejorar la calidad académica, fortalecer la investigación y cerrar brechas territoriales.
