Una mujer murió este miércoles en Minneapolis, Estados Unidos, tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada migratoria. El hecho generó una fuerte reacción de autoridades locales, protestas ciudadanas y el anuncio de investigaciones estatales y federales, mientras el presidente Donald Trump respaldó públicamente al agente involucrado.
Según información preliminar, el incidente ocurrió cuando agentes del ICE se acercaron a un vehículo tipo SUV sin distintivos oficiales visibles. En videos difundidos por medios locales se observa cómo el automóvil intenta maniobrar para retirarse del lugar, momento en el que uno de los agentes dispara en al menos tres ocasiones contra la conductora, una mujer de 37 años, quien falleció en el sitio.
El presidente Trump aseguró que el agente actuó en defensa propia, afirmando que la mujer intentó atropellarlo. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario describió a la víctima como “alterada” y acusó una supuesta agresión contra los oficiales. En la misma línea, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el uso del vehículo como arma constituye un acto de “terrorismo interno”, argumento que ha sido cuestionado por autoridades locales y organizaciones civiles.
Desde Minnesota, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió explicaciones al Gobierno federal y pidió que los agentes del ICE abandonaran la ciudad tras varios días de redadas. El gobernador Tim Walz calificó la narrativa de la Casa Blanca como “propaganda” y anunció una investigación “completa, justa y rápida”, con la participación de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota y el FBI.
Tras el tiroteo, decenas de personas se concentraron en el lugar para protestar contra el ICE, denunciando el uso excesivo de la fuerza. Testigos afirmaron que agentes federales dispersaron a los manifestantes con gas pimienta y empujones, lo que incrementó la tensión y la indignación en la comunidad.
El hecho ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Trump, que ha intensificado las redadas y deportaciones en distintas ciudades del país. Con investigaciones en curso, el caso reaviva el debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza, la responsabilidad institucional y el impacto de las operaciones migratorias en el orden público y los derechos humanos en Estados Unidos.
