El Gobierno Nacional ha confirmado su intención de aplicar un severo recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desatando un complejo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz de 2016. A través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, el Ejecutivo respaldó las posturas del presidente Abelardo de la Espriella y justificó la reducción de recursos bajo el argumento de una “crisis fiscal heredada” y la necesidad de erradicar supuestas prácticas de “derroche y politiquería” en las entidades estatales.
La controversia escaló a instancias internacionales luego de que el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, enviara una carta formal a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 18 de septiembre. En el documento (oficio PRS-239-2026), el magistrado alertó sobre los graves riesgos que corre la independencia, la autonomía y el funcionamiento operativo del mecanismo de justicia restaurativa ante las limitaciones económicas proyectadas por el Gobierno, las cuales comprometen la continuidad de los procesos judiciales en curso.
Frente a la advertencia ante el tribunal de La Haya, el presidente de la República rechazó públicamente el “contenido, alcance y tono” de la comunicación del magistrado, defendiendo que el recorte no constituye “una amenaza contra ningún juez” ni una “asfixia financiera”, sino el ejercicio ordinario de la responsabilidad fiscal. Según los datos expuestos por el Ejecutivo, para 2027 la JEP solicitó un techo presupuestal de $947.642 millones, mientras que el proyecto presentado por el Gobierno fija la partida en $821.803 millones, dejando un déficit que impactaría directamente las labores de investigación y juzgamiento de la entidad.
La postura gubernamental y los cuestionamientos sobre el costo administrativo del tribunal han encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y analistas políticos. La JEP no responde a la lógica de la justicia ordinaria ni a un esquema puramente burocrático; por el contrario, representa el corazón del sistema restaurativo que ha permitido en los últimos años el esclarecimiento de los episodios de violencia más desgarradores en la historia reciente de Colombia.
Reducir el margen de maniobra financiero de esta jurisdicción pone en riesgo avances sensibles e irremplazables para el país: la localización y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas a sus familias, el conocimiento de la verdad sobre crímenes de estado y de actores armados, los actos públicos de reconocimiento y perdón, y los procesos de restitución y retorno de tierras a miles de campesinos despojados durante el conflicto.
Mientras el ministro Lara insiste en que las entidades de justicia tienen “mucha grasa” que recortar en los presupuestos de 2026 y 2027, el debate en el Congreso de la República sobre el Presupuesto General de la Nación se anticipa tenso. Diversos sectores señalan que la austeridad no puede convertirse en el argumento para debilitar un mecanismo que garantiza los derechos de las víctimas y la memoria histórica de la nación.
