Mientras la atención nacional y los organismos de socorro intentan responder a los estragos del terremoto del pasado 10 de agosto —que ya deja un balance trágico de 294 personas fallecidas y 320 desaparecidas—, el Gobierno nacional enfrenta un segundo frente de crisis: la proliferación de incendios forestales en múltiples regiones del país. Con corte al 14 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta 32 incendios activos, dos controlados y 63 liquidados, agravados por las altas temperaturas derivadas del fenómeno de El Niño Extremo.
Las conflagraciones se concentran en los departamentos de Tolima, Nariño, Quindío, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Huila y Cundinamarca. Uno de los puntos más críticos se registra en San Luis (Tolima), donde el fuego inició el 1 de agosto en Cerro Gordo y se propagó con fuerza el mismo día del sismo, arrasando con más de 5.000 hectáreas. Ante la gravedad de la situación en el municipio tolimense, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, hizo un llamado drástico a la ciudadanía para evitar quemas e imprudencias que sigan desencadenando focos de calor en medio de la sequía.
La atención de esta doble tragedia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y el pie de fuerza de los cuerpos de socorro. Con gran parte de los equipos de rescate concentrados en la búsqueda de sobrevivientes en Cali, Pereira y el Eje Cafetero, las autoridades locales han articulado esfuerzos interinstitucionales para apoyar la mitigación de las llamas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el envío de un contingente militar al Tolima para apoyar a los bomberos, mientras que en Cundinamarca el gobernador Jorge Rey coordina descargas de agua helicoportadas en zonas de difícil acceso como Caparrapí y La Vega.
El trasfondo climático complica el panorama nacional, pues Colombia atraviesa las jornadas más calurosas registradas en los últimos 20 años. El fenómeno de El Niño Extremo, que inició de manera anticipada en junio, ha llevado las temperaturas regionales a niveles comparables con las emergencias de 2016 y 2024. Estos desastres combinados le imponen una compleja prueba operacional y presupuestal a la administración del presidente Abelardo De La Espriella a tan solo una semana de haber asumido el poder.
