La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) expresó de manera categórica su rechazo ante la orden de trasladar a 20 privados de la libertad de alto perfil delictivo hacia el Complejo Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad (CPAMS) de Girón. La postura del sindicato se da en un contexto de conmoción y luto dentro de la institución tras el reciente asesinato de Efraín Quesada, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hecho que encendió las alarmas sobre las garantías de seguridad para el personal de custodia.
A través de un comunicado oficial, la UTP cuestionó la adopción de estas medidas por parte del nivel central del Inpec, señalando que la decisión fue tomada de forma unilateral y sin considerar las graves limitaciones de recursos e infraestructura que atraviesa el establecimiento de Girón. La organización sindical enfatizó que la reubicación de la población carcelaria no puede responder únicamente a criterios de redistribución de cupos, sino que debe evaluar de manera rigurosa la capacidad operativa y la seguridad real de cada centro.
El sindicato manifestó su profunda preocupación por la falta de acompañamiento institucional frente a las condiciones críticas en las que labora el cuerpo de custodia y vigilancia. La UTP hizo un llamado urgente a las directivas del sistema penitenciario para reconsiderar la llegada de los 20 reclusos de alta peligrosidad a la región, advirtiendo que incrementar el perfil de riesgo en la cárcel de Girón expone aún más la vida de los guardias en sus jornadas diarias.
El homicidio del funcionario Efraín Quesada reabrió el debate sobre las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos los trabajadores penitenciarios en el país. Desde la UTP se insistió en que el Estado debe implementar medidas de protección efectivas e inmediatas para salvaguardar la integridad física del personal del Inpec, reiterando el clamor colectivo de la guardia para que no se registren más pérdidas humanas en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el gremio penitenciario solicitó la revisión inmediata de los protocolos de seguridad aplicados en el CPAMS de Girón para prevenir nuevas tragedias y frenar las amenazas contra los guardias. La organización advirtió que continuará haciendo seguimiento a las decisiones del Gobierno nacional e insistirá en que se priorice la vida de los trabajadores sobre las medidas administrativas de reubicación de internos.
