Hablar del deterioro del sistema de salud en Colombia no es simplemente una moda del debate político actual. Es, en realidad, una conversación que viene acumulándose desde hace más de tres décadas y que hoy se hace más evidente porque los problemas dejaron de ser técnicos y se volvieron cotidianos para millones de personas.
Para entender lo que está pasando hoy, hay que devolverse a 1993, cuando se implementó la Ley 100. Esta reforma buscaba algo ambicioso: lograr cobertura universal en salud a través de un modelo mixto, donde el Estado financiaba y regulaba, pero los privados administraban el servicio. En su momento, el sistema sí logró avances importantes. Por ejemplo, aumentó la cobertura y el gasto público en salud, pasando a tener una mayor participación estatal en la financiación (Banco de la República).
Sin embargo, el problema no fue tanto el diseño inicial, sino lo que vino después. Con el paso de los años, el sistema se fue inclinando hacia una lógica más financiera que sanitaria. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que debían garantizar el acceso, terminaron funcionando bajo incentivos económicos que muchas veces chocan con el bienestar del paciente. Esto no es solo una opinión: estudios académicos señalan que, aunque hubo avances en cobertura, los resultados en acceso efectivo y calidad del servicio han sido parciales y desiguales (Universidad Militar Nueva Granada).
A esto se suma un problema estructural que rara vez se discute con suficiente claridad: la debilidad del Estado como regulador. Aunque el modelo depende de una supervisión fuerte, en la práctica esta ha sido insuficiente. Investigaciones muestran que incluso se han debilitado instancias clave de gobernanza dentro del sistema, lo que ha reducido la capacidad de control y regulación (revista científica en Scielo).
El resultado de esa combinación —intereses privados, regulación débil y cambios constantes en las reglas— es lo que hoy se percibe como deterioro. No es que el sistema “se dañó de repente”, sino que fue acumulando fallas. Hoy, esas fallas se traducen en deudas millonarias entre EPS y hospitales, dificultades en el acceso a medicamentos y una creciente desconfianza ciudadana. De hecho, informes recientes indican que gran parte de las entidades no cumplen con requisitos financieros básicos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema (Sur – Fundación para el Desarrollo).
En medio de este panorama, también es importante mencionar que los intentos de reformar el sistema no han sido nuevos ni exclusivos del gobierno actual. A lo largo de los años, diferentes propuestas de reforma han enfrentado fuertes resistencias políticas, institucionales y de los mismos actores del sistema. En el caso reciente, la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha tenido múltiples obstáculos en el Congreso, incluyendo el archivo o hundimiento de iniciativas en comisiones legislativas. Según análisis de entidades como la OCDE y centros de pensamiento nacionales, estas dificultades reflejan no solo diferencias ideológicas, sino también tensiones estructurales entre los intereses públicos, privados y territoriales dentro del sistema de salud. Esto evidencia que el problema no es únicamente técnico, sino profundamente político.
Además, organismos internacionales como la OCDE han señalado que Colombia mantiene brechas importantes en salud, especialmente en términos territoriales y de prevención, evidenciando que el modelo ha priorizado más la atención de la enfermedad que su prevención (Ministerio de Salud con base en OCDE).
Lo más preocupante es que el debate público suele simplificar el problema: unos culpan totalmente a la Ley 100, otros a los gobiernos recientes. Pero la realidad es más compleja. El deterioro no es responsabilidad de un solo actor ni de un solo momento histórico. Es el resultado de decisiones acumuladas, falta de control efectivo y un modelo que, aunque bien intencionado, no logró equilibrar lo social con lo financiero.
En ese sentido, la discusión actual sobre reformas debería partir de algo básico: reconocer que el sistema sí tuvo avances, pero también fallas profundas que nunca se corrigieron del todo. Negar cualquiera de las dos cosas —los logros o los problemas— solo empobrece el debate.
Hoy más que nunca, Colombia necesita dejar de preguntarse quién tuvo la culpa y empezar a preguntarse qué tipo de sistema quiere construir. Porque si algo ha quedado claro en estos años es que la salud no puede seguir siendo un experimento permanente.
