La crisis ambiental que enfrenta el departamento de Córdoba escaló al plano institucional con la renuncia de Juan Acevedo Rocha como presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá S.A. E.S.P., en medio de cuestionamientos por el manejo del embalse y su posible relación con las inundaciones que afectan a varias comunidades de la región.
La dimisión fue presentada ante la junta directiva de la empresa, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente su salida y anunciara la apertura de una investigación penal para establecer responsabilidades sobre las decisiones operativas del proyecto hidroeléctrico.
El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo el 8 de febrero, cuando cuestionó directamente la operación del embalse, señalando que los vertimientos y el manejo de los niveles de agua habrían agravado la emergencia ambiental en Córdoba. Petro sostuvo que algunas decisiones pudieron priorizar intereses económicos sobre la protección de las comunidades rurales afectadas.
Tras este llamado público, desde el Gobierno nacional se habrían activado gestiones institucionales que desembocaron en la salida del directivo, en un contexto de alta presión política sobre la empresa. En su carta de renuncia, Acevedo Rocha explicó que su decisión responde al contexto institucional y a un análisis personal sobre el impacto que su permanencia podría tener en medio de la crisis.
El exdirectivo, con más de 30 años de trayectoria en Urrá, afirmó que su salida busca evitar una mayor polarización y contribuir a la estabilidad institucional de la compañía, en un momento especialmente sensible para las comunidades afectadas por la emergencia invernal en Córdoba.
En paralelo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha adelantado seguimientos técnicos al funcionamiento del proyecto Urrá I. De acuerdo con reportes desde 2020, el embalse habría superado en varias ocasiones los niveles establecidos en sus parámetros operativos, lo que ahora podría ser evaluado dentro de los procesos administrativos y judiciales anunciados por el Gobierno nacional.
