La grave emergencia por inundaciones que enfrenta el departamento de Córdoba ha vuelto a colocar en el centro del debate público una advertencia que fue ignorada durante años: la del líder indígena embera katío Kimy Pernía Domicó, quien alertó desde finales del siglo pasado sobre los impactos sociales, ambientales y humanos que traería la represa hidroeléctrica Urrá I y la intervención artificial del río Sinú.
Pernía se convirtió en una de las voces más firmes contra el proyecto, al denunciar que la alteración del cauce del río, la inundación de territorios ancestrales y la ausencia de una consulta previa real generarían daños irreversibles para las comunidades indígenas y campesinas del Alto Sinú. En su momento, sus denuncias fueron minimizadas bajo el discurso del desarrollo energético y el “progreso” para la región y el país.
Hoy, con miles de familias afectadas por las crecientes en municipios como Lorica, Tierralta y San Bernardo del Viento, esas advertencias vuelven a cobrar vigencia. Las inundaciones han puesto en evidencia la alta vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas y han reactivado la discusión sobre el papel que juega la represa en la dinámica hídrica del territorio.
El presidente Gustavo Petro se pronunció recientemente sobre la situación, señalando una posible negligencia en la operación de Urrá I y en el manejo de los embalses, lo que —según sus declaraciones— habría contribuido a agravar la emergencia en Córdoba. Estas afirmaciones abrieron investigaciones oficiales y reactivaron un debate nacional sobre la responsabilidad de las grandes hidroeléctricas en contextos de lluvias extremas y cambio climático.
Para organizaciones indígenas, sociales y ambientales, lo que ocurre hoy no es un hecho aislado, sino la materialización de riesgos advertidos desde antes de la construcción de la represa. En ese contexto, la figura de Kimy Pernía vuelve a ocupar un lugar central como símbolo de la defensa del territorio y de una lucha que nunca fue plenamente escuchada.
Kimy Pernía fue desaparecido y posteriormente asesinado por grupos paramilitares en 2001, en un crimen relacionado con su oposición al proyecto Urrá y su liderazgo dentro del pueblo embera katío. Más de dos décadas después, su historia regresa al debate público no solo como memoria histórica, sino como una advertencia vigente sobre los costos humanos, sociales y ambientales de un modelo de desarrollo que no integró de manera real a las comunidades.
